En Paria luchan por una ordenanza en el precio justo del cacao

In CACAO RESPONSABLE, EL NEGOCIO DEL CACAO, PRODUCTORES by Juan Pablo Crespo

Yuly Carreño

Regularizar la comercialización del cacao, pechar a quienes evadan el pago de impuestos y la reinversión de dichos tributos en mejoras para las comunidades, son alguno de los objetivos que contempla la ordenanza promovida en Paria por la Asociación de Productores de Cacao de los municipios Benítez y Libertador, Asoprocabelib.

La iniciativa es una respuesta a los diversos problemas que afectan a los cacaocultores en esta región nororiental venezolana, especialmente el precio que se paga al productor por la venta del grano y el constante robo de cacao en las haciendas.

Los cambios que se espera se produzcan con esta ley municipal benefician directamente a los pequeños productores, quienes recibirían un pago más justo por su cacao, además de la formalización del proceso de compra y venta.

Cacao, pero no en baba
Una de las solicitudes de los productores como parte de esta normativa es prohibir la venta de cacao en baba (luego de desgranado), pues aseguran que promueve la informalidad al momento de vender el grano. “No puede vender cacao aquella persona que no tiene hacienda, si no posee una parcela se entiende que es robado, porque si no, ¿de dónde lo está sacando?, se pregunta Félix Rojas, presidente de Asoprocabelib.

Algunos productores incluso han perdido más del 50% de la cosecha debido al robo del fruto, que luego es revendido a intermediarios por precios ínfimos. Esta es solo una de las muchas irregularidades que los productores asociados en este gremio poco a poco han detectado.

Rojas aboga porque todos los detalles de la comercialización sean controlados. Por ejemplo, cree que es necesario que los compradores tengan habilitado un espacio, de modo que se pueda verificar detenidamente el peso y el monto que se está pagando por cada kilo de cacao.

El municipio Benítez produce un 33% de la producción total de cacao del estado Sucre.

Un municipio productivo

De acuerdo con las cifras que maneja Asoprocabelib, el municipio Benítez produce 3.000 toneladas de cacao al año, lo que representa cerca del 33% de la producción total del estado Sucre (la entidad aporta cerca del 52% de la producción nacional según datos de la Fundación Proyecto Paria, FPP).

Con estos números, asegura que tienen el aval para solicitar a las autoridades, incluso aquellas con competencia nacional, el aporte de mayores recursos para atender carencias puntuales del municipio, como la vialidad.

Pero el panorama no es tan sencillo. El presidente de esta asociación, que agrupa al menos a 300 productores, señala que es prioridad controlar también la migración del cacao, porque en ocasiones es trasladado a otras zonas y dicha producción no es registrada dentro del municipio Benítez. “Si nosotros logramos determinar que estamos en lo cierto, en tres mil toneladas, con eso tenemos cómo pedir que vengan recursos”, insiste.

Adeptos y adversarios
Para lograrlo, los miembros de Asoprocabelib están a favor de diversas acciones. Juan González Peña, otro de los integrantes, considera pertinente el apoyo de los cuerpos de seguridad.

“No queremos solo que el comprador le pague impuestos a la Alcaldía, a través de esta ley nosotros como asociación vamos a estar carnetizados, con un banco de datos y en contacto con los organismos de seguridad que deben manejar un punto de control para el paso de gandolas. Que se cuente con una guía de movilización para evitar que el cacao se saque por otro municipio, queremos que sea el Estado por medio de la ley el que garantice esto”.

Esta propuesta ha ganado adeptos, pero también adversarios. Son principalmente empresas que fungen como productoras y que además se desempeñan como comercializadoras y exportadoras del rubro, por lo que se verían obligadas a pagar altas sumas por concepto de impuestos municipales.

“No hay una distribución equitativa del pago de impuestos, por eso estamos exigiendo que lo que se recaude sea reinvertido en escuelas, en la vialidad de nuestras haciendas y campos”, resalta Rojas, principal líder de esta iniciativa junto a los productores.

Ley pionera
De manera similar piensa Reyes Marcano, también miembro de la asociación, quien asegura que esta ordenanza es única en su estilo en todo el país, convirtiéndose en una ley pionera con la cual se pretende proteger a los productores de cacao.

La normativa cuenta también con el visto bueno de las autoridades municipales. “Ha  habido una mala organización en la comercialización del cacao”, dice la alcaldesa del municipio El Pilar, Aurelina de García, al tiempo que describe parte del problema: “Nuestros productores venden el cacao, se lo compran desde Yaguaraparo o desde Carúpano, y ellos a su vez se lo llevan y lo venden luego como producto de esos otros municipios sin informar que ese cacao proviene de acá de Benítez”.

Desde su punto de vista, allí ha influido la forma en la que muchos productores perciben el fruto. “A veces no han internalizado la importancia y el valor económico que tiene el cacao”, sostiene.

Agrega que “producen grandes cantidades de cacao, pero no le queda nada al municipio, ni siquiera al productor que es el que labra la tierra. Al final no disfruta de las bondades y de ese valor agregado que tanto necesitamos… por eso creemos que el comercializador del cacao es el que debe pagar una tasa”.

En espera de aprobación
Esta ordenanza ya fue presentada ante la Cámara Municipal para su aprobación. Además de obligar a las empresas comercializadoras al pago de impuestos, otro de los objetivos es el desarrollo de proyectos alternos que contribuyan a mejorar la producción cacaotera en Paria.

Destaca la construcción de un centro de acopio y un vivero que en una primera etapa tendrá una capacidad de al menos 50.000 plantas, para así fortalecer la siembra y cultivo del cacao. Para este último proyecto ya los recursos están aprobados, según lo indicó el presidente de Asoprocabelib, Félix Rojas.

Así las cosas y más allá de convertirse en la “manzana de la discordia” entre productores y comercializadores, quienes la promueven aseguran que esta ordenanza busca igualdad de condiciones para todos los actores involucrados, de modo que el bienestar y progreso que puede generar el cacao llegue a la mayor cantidad posible de individuos.

Una vez más, a través del cacao se intenta mejorar la calidad de vida de las numerosas familias que ven en este fruto su medio de subsistencia y la herencia que les puede ayudar a labrar, así como la tierra, el futuro de sus hijos.